INTRODUCCIÓN
El 17 de febrero de año
2013, se creó un programa de gobierno ceñido a la constitución, llamado Plan
Nacional Del Buen Vivir que representa una postura política muy definida y que
sirve de guía de gobierno que el país aspira tener y aplicar a los próximos
cuatro años. La idea de esta planificación es no duplicar esfuerzos, y evitar
el desperdicio de recursos que tanto retraso al país en la época del
Neoliberalismos, apenas década y media atrás.
El Buen Vivir es una
idea social movilizadora, y va más allá del concepto de desarrollo, pues se
asocia más a una noción de progreso, es decir no se trata de un nuevo
paradigma, sino de una alternativa social que propone otras prioridades para la
organización social, muy diferentes del crecimiento económico implícito en el
paradigma del desarrollo. Es importante reconocer que el crecimiento económico
es deseable en una sociedad, pero también importan las pautas distributivas y
redistributivas.
El plan es un conjunto de objetivos que expresan la
voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador. Sus
objetivos son: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder
popular. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad. Mejorar la calidad de vida de la población.
Fortalecer las capacidades y potenciales de la ciudadanía, Consolidar la transformación de la justicia
y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial
y global. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Impulsar la transformación de
la matriz productiva. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos
para la transformación industrial y tecnológica. Garantizar la soberanía y la
paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración
Latinoamericana.
SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR
El Buen Vivir es nuestro horizonte. Ofrece alternativas para construir
una sociedad más
Justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser humano y la
vida. Supera los límites de las visiones
convencionales de desarrollo que lo conciben como un proceso lineal, de etapas
históricas sucesivas, que reducen el concepto a una noción exclusiva de
crecí-miento económico.
El primer problema es que los frutos del crecimiento no se han repartido
equitativamente; la inequidad social internacional se ha mantenido y tiende a
aumentar. La brecha en los ingresos por habitante entre los países del mundo,
excepto China e India, medida a través del co-eficiente de Gini, ha crecido de
0,51 en 1960 a 0,57 en 2000, para descender levemente a 0,55 en 2009 (Heston, Summers
y Aten, 2012).
La
inequidad social entre los hogares del mundo es más severa. El 10% más rico del
mundo acaparaba en el año 2000 más de la mitad del ingreso mundial (54%), y
casi tres cuartas partes (74%) estaban apropiadas por el 20% más rico. La mitad
más pobre de la población mundial apenas recibía el 8% del ingreso total. El
coeficiente de Gini mundial llegaba a 0,68 (Dikhanov, 2005).
El segundo problema es la falta de asociación entre crecimiento
económico y mejora en la calidad de vida. En los países desarrollados y en
buena parte de los países del Sur, el crecimiento económico ha beneficiado a un
segmento reducido de la población, generalmente el 10% más rico, mientras la
calidad de vida, medida por diferentes indicadores de bienestar, casi no ha
mejorado en los últimos cuarenta años (Stiglitz,
2012). En Estados Unidos, por ejemplo, el ingreso familiar del 10% más
rico ha ascendido un 61% entre 1983 y 2011, hasta llegar a alcanzar los USD 254
000, mientras para el restante 90% el ingreso ha disminuido 1% en el mismo
período (Institute for New Economic Thinking, 2013).
El índice de satisfacción muestra que los países de mayores ingresos no
siempre superan la calidad de vida de varios países en desarrollo, lo que
confirma la débil asociación entre satisfacción con la vida e ingreso por
habitante. Costa Rica, por ejemplo, aun siendo un país en desarrollo, alcanza
un índice de satisfacción con la vida que supera a Estados Unidos en cuatro
veces su ingreso por habitante (PNUD, 2013).El tercer problema, y quizá el más severo,
es la falta de sustentabilidad del crecimiento económico alcanzado. “Este
concepto solamente puede concretarse cuando se reconocen los límites naturales
y sociales que condicionan la escala del crecimiento y la redistribución”
(Falconí y Vallejo, 2012: 54).
Aunque la economía mundial continúa creciendo a ritmos superiores o
cercanos al 3% anual, este crecimiento carece de sustentabilidad, ya que la
huella ecológica del planeta superó desde 1978 la capacidad natural de soporte
de los ecosistemas frente a la actividad humana. En varios temas críticos, como
el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la eutrofización, los
índices actuales superan la capacidad de recuperación del planeta (Rockström et
al., 2009). De no tomar correctivos sustanciales y urgentes a escala mundial,
la civilización vivirá una crisis ambiental de tal magnitud que pondrá en
peligro el progreso alcanzado desde la Revolución Industrial
LA
PLANIFICACIÓN NACIONAL
En ese contexto, la
Constitución de Montecristi, a través del establecimiento de nuevos principios,
la garantía de nuevos derechos para la ciudadanía, la configuración de una nueva
estructura estatal y el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo,
constituye una alternativa a esa visión individualista, excluyente, que nos
arrebató las nociones de interés público y de acción colectiva.
Dentro de los aspectos
esenciales que configuran este nuevo pacto social ecuatoriano, se pueden
identificar cinco ejes fundamentales: a) la instauración de un Estado
constitucional de derechos y justicia; b) una profunda transformación
institucional; c) la configuración de un sistema económico social y solidario;
d) la estructuración de una organización territorial que procura eliminar las
asimetrías locales; y e) la recuperación de la noción de soberanía popular,
económica, territorial, alimentaria, energética, y en las relaciones
internacionales.
CARACTERIZACIÓN
Así como la medicina moderna considera que el diagnóstico y el
tratamiento no pueden
Establecerse sin tomar en cuenta el entorno social del paciente, el Plan
Nacional para el Buen Vivir no estaría en capacidad de formular el diagnóstico
ni las políticas de sus objetivos, si se abstrajera del contexto económico
internacional. La actual crisis mundial ha causado una recesión que amenaza con
convertirse en crónica. Estados Unidos y la Unión Europea no logran recuperar
la prosperidad previa, mientras Latinoamérica –y con ella, Ecuador– hace
esfuerzos para crecer, producir y mantener los empleos.
Desde una perspectiva histórica, podemos utilizar el criterio del
economista estadounidense Charles Kindleberger (2000), quien participó en el
diseño del Plan Marshall para reconstruir Europa luego de la Segunda Guerra
Mundial. Este autor explica que las crisis financieras del capitalismo se han
producido con intervalos de diez años en el último siglo y que han disminuido
solamente en periodos políticos de alta regulación a los sistemas financieros,
como aquel de la posguerra (1945-1971).
Según el
análisis de Hyman Minsky, uno de los economistas contemporáneos más
importantes, la crisis actual es resultado del sistema de creación endógena de
dinero que está vigente en el mundo (Keen, 2012). Este permite a los bancos
privados expandir la oferta monetaria de los países para incrementar su propia
rentabilidad financiera, mediante políticas agresivas de endeudamiento privado
que afectan los precios de la economía real y que generan burbujas financieras,
con resultados nefastos en la producción y el empleo, cuando estallan.
PLANIFICAMOS EL FUTURO
El objetivo principal de un análisis prospectivo es enfocarse en el
estudio del pasado y del presente para avizorar posibles futuros. La
prospectiva actúa como una guía diseñada no para prever el futuro, sino para
tomar acciones estratégicas en el presente, que nos permitan alcanzar óptimos
resultados a mediano y largo plazo (Godet et al., 2000; Godet, 2012; Pinto,
2008; Miklos et al., 2010). Para varios autores, incluido Gaston Berger, el
padre de la prospectiva, un análisis prospectivo podría simplemente ser una
cuestión de actitud. Sin embargo, para otros, la prospectiva requiere de la
aplicación de modelos cuantitativos y la construcción de escenarios para su
desarrollo
(Godet, 2012; Mietzner y Reger, 2005).
Una nueva sociedad requiere un Estado distinto que rompa estructuras y
relaciones de poder heredadas del viejo Estado. El Gobierno de la Revolución
Ciudadana ya ha avanzado en la recuperación del Estado para la ciudadanía. La
profundización de este proceso implica la democratización del Estado desde
todos los territorios de la Patria. Los procesos de desconcentración y
descentralización han permitido el empoderamiento de los diferentes territorios
y han facilitado que el Gobierno, desde sus diferentes niveles, pueda dar efectiva
respuesta a las necesidades de la población e incorporar las demandas
ciudadanas a la política pública.
Cambiar la matriz productiva y democratizar al Estado no tendría sentido
emancipador, si no se coloca en primer plano al fortalecimiento de la sociedad.
Se trata de promover la construcción de una sociedad que profundice la calidad
de la democracia y amplíe sus espacios de incidencia en condiciones de igualdad
social y material. Es cado, como ocurrió en el neoliberalismo; ni al Estado,
como en el “socialismo real”. Potenciar la sociedad es promover el desarrollo
de las libertades y de las capacidades reflexivas, críticas y cooperativas de
cada individuo, de cada pueblo y de cada colectivo. Esa capacidad exige que la
ciudadanía tenga influencia en la discusión sobre uso, asignación y
distribución de los recursos tangibles e intangibles del país. Exige, además,
que todos y cada uno estemos en condiciones de desarrollar nuestros
talentos y facultades, de acuerdo con el proyecto de vida que va a procurarnos
felicidad, dignidad, realización y plenitud.
OBJETIVOS
NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR
El capítulo presenta doce objetivos de los cuales detallaremos los que
consideramos más oportunos de tratar, aunque todos son importantes.
Objetivo
2
111
AUSPICIAR
LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL EN LA
DIVERSIDAD.
El reconocimiento
igualitario de los derechos de todos los individuos implica la consolidación de
políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social
y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin
exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación,
protección social, atención especializada y protección especial.
Entre los deberes
primordiales del Estado se encuentran la garantía sin discriminación del
efectivo goce de los derechos, la erradicación de la pobreza y la
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza (Constitución, art. 3).
En adición a esto, se establece el principio de igualdad y no discriminación,
así como la garantía del ejercicio, la promoción y la exigibilidad de derechos,
de forma individual y colectiva (art. 11).
Además, se reconocen
las acciones afirmativas que auspicien la igualdad real, a favor de las
personas que se encuentren en situación de desigualdad. Por otro lado, se
define la igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación como
derechos de libertad (art. 66). En este sentido, son principios de la política
pública la equidad y la solidaridad como mecanismos (re) distributivos para
alcanzar la igualdad en los resultados (art. 85).
Objetivo
3
135
Mejorar la calidad de vida de la población
Mejorar
la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la
consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio,
mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación
del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. La vida digna requiere
acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la promoción del
ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La calidad
de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua,
alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las
condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales
y sociales.
Entre los derechos para
mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a la alimentación
(art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y
saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y
económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la
salud (art. 32). La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir,
establecido en la Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y
Equidad Social (art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad en
los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda,
transporte y gestión de riesgos.
Objetivo
9
273
Garantizar
el trabajo digno en todas sus formas
Los principios y
orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la supremacía del
trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta manera, se establece
que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción, sino
como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el despliegue de los
talentos de las personas.
Al olvidar que trabajo
es sinónimo de hombre, el mercado lo somete al juego de la oferta y demanda,
tratándolo como una simple mercancía (Polanyi, 1980). El sistema económico
capitalista concibe al trabajo como un medio de producción que puede ser
explotado, llevado a la precarización, y hasta considerarlo prescindible. El
trabajo, definido como tal, está subordinado a la conveniencia de los dueños
del capital, es funcional al proceso productivo y, por lo tanto, está alejado
de la realidad familiar y del desarrollo de las personas.
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l matemático francés Fourier aportaron soluciones, pero fue el matemático alemán Dirichlet quien propuso su definición en los términos actuales. En 1821, un matemático francés, Cauchy, consiguió un enfoque lógico y apropiado del cálculo y se dedicó a dar una definición precisa de "función continua". Basó su visión del cálculo sólo en cantidades finitas y el concepto de límite. Esta solución planteó un nuevo problema, el de la definición lógica de número real. Aunque la definición de cálculo de Cauchy estaba basada en este concepto, no fue él sino el matemático alemán Dedekind quien encontró una definición adecuada para los números reales. 
